martes, 14 de abril de 2015

Las CC.AA. recibirán 1.543 millones de euros para Políticas Activas de Empleo en 2015

Ayer se celebró la LX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, donde fue presentada la distribución de fondos estatales que las Comunidades Autónomas recibirán para políticas de activación durante 2015.

La suma global distribuida este año asciende a 1.543 millones de euros, un 23,25% más que la repartida en el ejercicio anterior. Si bien, hay que recordar que el presupuesto estatal para el desarrollo de Políticas Activas de Empleo ha pasado de 7.322 millones de euros en 2011 a 4.746 millones en 2015, lo que supone una reducción de la financiación en un 35,18 % en los últimos cinco ejercicios. De esta forma, no se han visto compensados los fuertes recortes sufridos en los presupuestos de 2011, 2012 y 2013, con los ligeros incrementos de 2014 y 2015.

Las comunidades autónomas recibirán 1.414,1 millones de euros en el marco del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) para 2015. El 60% de los fondos distribuidos en 2015 atienden al grado de consecución de los objetivos establecidos en 2014; estando previsto que para 2016 el porcentaje de los fondos condicionados al cumplimiento de objetivos se eleve hasta el 70%.

A esta cantidad se suman otros 128,9 millones de euros dedicados específicamente para la aplicación de las medidas contenidas en el Programa de Activación para el Empleo en 2015 que las comunidades autónomas desarrollan en el ámbito de sus competencias en políticas activas.

El 40% de estos fondos se distribuirán en función del colectivo de potenciales beneficiarios por comunidad autónoma, mientras que el 60% restante se distribuirá la evaluación de los resultados de inserción de los beneficiarios que se observen entre el 15 de febrero y el 31 de julio de este año.

El Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) para 2015 es el documento de coordinación de las actuaciones que se van a llevar a cabo desde las Comunidades autónomas y del Servicio Público de Empleo Estatal. El Plan compatibiliza la necesaria adaptación a las necesidades específicas de cada una de las comunidades autónomas con una arquitectura común vertebrada por la “Estrategia de Activación para el Empleo 2014-216”, cuyo principio básico es el de la orientación a resultados.

Es el cuarto Plan Anual de empleo, desde su creación en 2012 y el primero que se realiza con el nuevo modelo de políticas activas plenamente implantado y sus principales objetivos son:

- Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y desarrollar el Plan de Implementación de la Garantía Juvenil en España.

- Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo. En particular, la de los mayores de 45 años que sean desempleados de larga duración y la de los beneficiarios del Programa PREPARA.

- Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo, en términos de un mayor impacto real.

- Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo, para impulsar su capacidad de activar e insertar a los demandantes de empleo

- Impulsar el emprendimiento como parte complementaria de la activación.

Entre las novedades principales para 2015 destaca la incorporación de los servicios incluidos en la nueva Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y la reforma del sistema de formación profesional para el empleo como marco estratégico de este PAPE 2015.


El PAPE recoge un total de 442 servicios y programas, tanto comunes a distintos territorios o específicos de cada Comunidad Autónoma, que se organizan en torno a 6 ejes:

- Orientación: integrado por 62 servicios y programas diferentes que contemplan, como objetivos estructurales, la implantación de servicios de Información sobre el mercado de trabajo; los diagnósticos individualizados; la gestión de itinerarios individuales personalizados; la cobertura de ofertas de empleo y el establecimiento de relaciones con empresas y con otros agentes del mercado de trabajo.

- Formación: recoge hasta 119 servicios y programas, dirigidos a incrementar el esfuerzo formativo en la formación para el empleo; promover un mejor ajuste de la formación a las necesidades del mercado de trabajo y mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad de la formación.

- Oportunidades de empleo: con 109 servicios y programas dirigidos a fomentar y sostener la contratación de colectivos y sectores con dificultades y la de personas desempleadas en sectores emergentes; aflorar empleo en economía sumergida y fomentar la inserción laboral de personas desempleadas perceptoras de prestaciones por desempleo.

- Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo: contempla hasta 28 servicios y programas dirigidos a remover obstáculos en el acceso al empleo; promover la movilidad funcional y sectorial, y la movilidad geográfica e impulsar medidas de promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral y la corresponsabilidad.

- Emprendimiento: con 75 servicios y programas, dirigidos a formación y asesoramiento de emprendedores; apoyo a las iniciativas empresariales; promoción del desarrollo territorial y fomento de la cultura emprendedora y del empleo autónomo.

- Mejora del marco institucional: un eje transversal a los otros cinco integrado por hasta 46 servicios y programas dirigido a mejorar la gestión, colaboración, coordinación y comunicación en el Sistema Nacional de Empleo; impulsar la colaboración público-privada; mejorar la calidad de los servicios e impulsar la evaluación, innovación, modernización y mejora del Sistema.

En el orden del día del la Conferencia se analizó también la evolución del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que se puso en marcha en julio de 2014, en el marco de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven aprobada en febrero de 2013, y como respuesta a la Recomendación del Consejo Europeo de abril de 2014.


viernes, 13 de marzo de 2015

Convocatoria de subvenciones para la contratación de Agentes de Promoción de Empleo Local en La Rioja

Hoy se han publicado subvenciones para contratación de nuevos agentes de promoción de empleo local en la Rioja, para lo que se destinan 112.000 €. Su finalidad es colaborar con el Ejecutivo regional en el desarrollo de las políticas activas de empleo en el entorno local y son un elemento clave por su capacidad para aportar respuestas concretas a los desempleados y a las empresas. 

Su actividad se centra en la orientación para el empleo y la promoción del autoempleo y la cultura emprendedora, así como en el apoyo a las empresas ubicadas en su entorno. Esta convocatoria, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja, va dirigida a los municipios y entidades locales que quieran contar con un técnico para dinamizar el empleo y la actividad económica de su zona.

Para ello, el Gobierno de La Rioja sufraga el 80 por ciento de los costes laborales totales de la contratación de estos técnicos, con un máximo de 28.000 euros al año por técnico. El 20 por ciento restante lo aportará la corporación local. Las entidades interesadas tendrán un plazo de quince días para presentar su solicitud a partir de su publicación en el BOR.

El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia competitiva y se tendrán en cuenta diferentes aspectos como el grado de incidencia que van a tener las actividades del agente de promoción en la creación de puestos de trabajo, los objetivos relacionados con la creación de empresas y el fomento de la cultura empresarial o la presentación de proyectos innovadores que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos endógenos entre otros.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno riojano reforzará la red de empleo existente compuesta por siete agentes. Actualmente, estos técnicos prestan su labor en el Ayuntamiento de Alfaro, Ayuntamiento de Santo Domingo, Mancomunidad de Moncalvillo, Ayuntamiento de Haro, Ayuntamiento de Calahorra, Ayuntamiento de Cervera y la Mancomunidad Dinatur.

Los agentes de promoción local realizaron 400 sesiones de orientación e información a emprendedores y más de 420 de seguimientos a este colectivo. Además, han llevado a cabo 899 acciones de orientación individual a personas que buscan empleo y más de 1.500 sesiones de seguimiento y tutorías para ayudar a los desempleados en su proceso de búsqueda de empleo y mejora de su empleabilidad. Además, han visitado más de 450 empresas y promovido más de 150 actividades relacionadas con el empleo y el desarrollo local

Las Ventanillas Únicas Empresariales (VUE) se integran en los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE)



La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, fijó la integración de ventanillas únicas en los Puntos de Atención al Emprendedor. Los actuales PAIT, Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación, pasaran a denominarse Puntos de Atención al Emprendedor o PAE y, los centros de ventanilla única empresarial (VUE) y la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios, eugo.es (VUDS), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se integrarán en los Puntos de Atención al Emprendedor.

Por este motivo el Real Decreto 127/2015 regula las especificaciones y condiciones para la integración de los centros de Ventanilla Única Empresarial (VUE) y la ventanilla única de la Directiva de Servicios 123/2006, de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (VUDS) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la red de Puntos de Atención al Emprendedor, según establece la disposición adicional segunda de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
 
En el plazo de seis meses las VUE actuales podrán cesar su actividad o integrarse en la Red PAE. En este caso, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo realizará las actuaciones necesarias para incluir en el sistema CIRCE los trámites de las Administraciones Públicas e Instituciones interesadas, así como facilitará la firma con las mismas de nuevos convenios PAE.

Tanto la red de VUE como la de PAIT son fruto de distintas iniciativas puestas en marcha por el Gobierno de España entre los años 1999 y 2003 con el objeto de facilitar, simplificar y acelerar la creación de empresas.

Los centros VUE se crearon al amparo del Protocolo de colaboración de 26 de abril de 1999 entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

Posteriormente, en este mismo ámbito, se aprobó el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano con el fin de incrementar la colaboración con las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación potenciando la red de Ventanillas Únicas Empresariales mediante su unión a la nueva red de oficinas integradas. Ello dio como resultado en diversas Comunidades Autónomas, a la redefinición de sus centros VUE en Oficinas Integradas – Ventanillas Únicas Empresariales.

Por su parte, los PAIT se crearon en la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa que modificaba la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, añadiendo una nueva disposición adicional, la octava, relativa al Documento Único Electrónico (DUE), en la que se creaban los PAIT.

Los PAIT se definían como oficinas dependientes de organismos públicos o privados mediante las cuales se ofrecía a los emprendedores servicios de información, asesoramiento y tramitación electrónica, incluyendo en esta definición a los centros VUE, que podían actuar como PAIT en lo relativo a la tramitación electrónica a través del DUE.

Posteriormente, la Directiva 123/2006, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, establecía en su artículo 8 que los procedimientos en materia de establecimiento de servicios debían ser accesibles por medios electrónicos, entre otras obligaciones. Dicha Directiva se transpone mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, estableciéndose una ventanilla virtual, eugo.es, desde la cual se han de poder realizar todos los trámites relacionados con el inicio y el ejercicio de una actividad de servicios, así como los de proporcionar información sobre requisitos aplicables a los prestadores establecidos en otros Estados miembros o sobre las vías de reclamación existentes, entre otros aspectos.

Después de la experiencia acumulada con todas estas iniciativas, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización las viene a unificar en una sola red de apoyo a los emprendedores, la red de PAE, hecho que se realiza en su artículo 13 y disposiciones adicional segunda y final sexta

Los PAE se definen como oficinas pertenecientes a organismos públicos y privados que se encargarán de facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial.

Todo ello, con el fin de dar un servicio unificado tanto a emprendedores como a empresas, estableciendo un catálogo amplio de servicios que abarquen el establecimiento, el ejercicio y el cese de actividad. Además, amplía estas funciones a posibles ventanillas virtuales que se puedan incorporar y fija en el PAE electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo la obligatoriedad de ofrecer el conjunto de servicios recogidos en su artículo 13.

El objeto, por tanto, de este real decreto es llevar a efecto esta integración de manera que a partir de su entrada en vigor solo exista una única red de oficinas de atención a los emprendedores, bajo una sola denominación y marca, con el fin de evitar costes por duplicidades a las Administraciones públicas, mejorar la información al ciudadano y a las empresas y ofrecer una tramitación electrónica completa en todos los estados por los que transita una empresa. Integración que se hace tanto a nivel de oficinas físicas como virtuales, respetando en todo momento lo que se ha desarrollado hasta ahora, sobre todo en lo que respecta a la VUDS que, debido a su propia normativa, seguirá ofreciendo sus servicios sin perjuicio de su integración en el PAE.

Dado que durante este tiempo, el Gobierno ha puesto en marcha la plataforma «Emprende en 3», un proyecto de simplificación administrativa, aprobado por el Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2013, que facilita la comunicación por parte de emprendedores y empresas de las declaraciones responsables a las entidades locales, es lógico establecer la integración de esta plataforma en la red PAE en el presente real decreto.

En definitiva, se trata del primer paso para alcanzar el objetivo de una integración real no sólo de las distintas plataformas de la Administración General del Estado, sino también llegar a incorporar, a medida que sea posible, otras plataformas de tramitación electrónica de Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.



lunes, 29 de diciembre de 2014

El SMI para 2015 será de 648,6 € al mes

El Consejo de Ministros de España aprobó en su reunión del viernes 26/12/14 fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2015, en la cantidad de 21,62 € diarios o 648,60 € mensuales; lo que supone una mínima subida del 0,5% con respecto a las cantidades establecidas para 2014.


El Gobierno considera que este incremento responde a la mejora de las condiciones generales de la economía, a la vez que continúa favoreciendo, de forma equilibrada, su competitividad, acompasando así la evolución de los salarios con el proceso de recuperación del empleo. Igualmente ha comunicado que la decisión ha sido consultada con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y que considera de forma conjunta todos los factores contemplados en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.


Este acuerdo ha entrado en vigor con la publicación en el BOE del Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2015.

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata. Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación.

La tarifa plana de 100 € a la contratación indefinida se prorroga hasta el 31 de marzo de 2015

El Consejo de Ministros del Gobierno de España, aprobó el 26/12/14 un Real Decreto Ley por el que se prorroga la vigencia de la tarifa plana de 100 € para la contratación indefinida de nuevos trabajadores hasta el 31 de marzo de 2015.

Esta reducción tenía como objetivo incentivar la contratación estable dentro del Real Decreto Ley de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, y empezó a aplicarse el 25 de febrero. Desde su puesta en marcha, la medida ha incentivado la contratación de 177.731 trabajadores, lo que supone que uno de cada cuatro contratos indefinidos suscritos en este periodo se ha acogido a esta modalidad. Por este motivo el Gobierno ha considerado necesario ampliar su vigencia durante tres meses.

La medida permite que las empresas o autónomos que quieran contratar un nuevo trabajador de forma estable sólo coticen a la Seguridad Social por contingencias comunes 100 € al mes, durante los primeros 24 meses.

La reducción supone un ahorro medio para el empleador de alrededor del 75% de la cotización por contingencias comunes, que se reducirá a 100 € al mes (1.200 € anuales). Esta medida, aplicada a un sueldo bruto anual de 20.000 €, implica que el empleador se ahorrará 3.520 € anuales de cotización a la Seguridad Social por cada empleo nuevo creado.

Las empresas de menos de 10 trabajadores, pueden beneficiarse, una vez transcurridos los primeros 24 meses, de 12 meses adicionales de una reducción del 50% de la cuota por dichas contingencias.

Las empresas o autónomos que se acogen a esta tarifa plana están obligados a mantener, como mínimo, el nivel de empleo creado con la nueva contratación durante el período de aplicación de la reducción.

Asimismo, tampoco pueden haber realizado despidos disciplinarios o por causas objetivas, declarados improcedentes, o despidos colectivos en los seis meses anteriores a la fecha de celebración del contrato. Las empresas que no mantengan el nivel de empleo total ni el nivel de empleo indefinido en los tres años siguientes al contrato deberán reintegrar total o parcialmente las cantidades que se han ahorrado.

Si incumplen el primer año, deberán ingresar la totalidad de la reducción, si incumplen el segundo año, deberán ingresar el 50% y si incumplen el tercer año deberán ingresar el 33%.

Además, se exige que la empresa esté al día de sus obligaciones con la Seguridad Social y tributarias, y que no haya sido sancionada por incumplimientos de la legislación social en los últimos dos años. En particular, no podrán beneficiarse las empresas que hayan sido sancionadas por no dar de alta a trabajadores en la Seguridad Social.

La reducción de cotizaciones por contingencias comunes que supone la tarifa plana de 100 € no es compatible con otras bonificaciones a la Seguridad Social.

miércoles, 29 de octubre de 2014

El Consejo de Ministros aprueba la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020

El Consejo de Ministros ha adoptado el acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, un documento que dotará a España de un marco común de referencia que permitirá armonizar las distintas actuaciones que, en relación a la Responsabilidad Social, se están desarrollando tanto en el ámbito público como en el privado.

Se trata de una actuación que responde a las recomendaciones plasmadas en la Estrategia Renovada de la Unión Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), que insta a los países miembros a impulsar políticas nacionales en materia de RSE.

La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas aspira a impulsar acciones que persiguen los siguientes objetivos:

 • Reforzar y alinear los compromisos de las empresas y de las Administraciones públicas con las necesidades y preocupaciones de la sociedad española, entre las que se encuentra la generación de empleo.

• Contribuir a reforzar los modelos de gestión sostenibles que ayuden a las empresas a ser más competitivas y a las administraciones públicas más eficientes.

• Y, por último, potenciar aquellos programas de responsabilidad social que impulsen la marca España, la credibilidad internacional y la competitividad de la economía española, junto a la sostenibilidad y la cohesión social.

En relación a su estructura, la Estrategia parte de seis principios, marca cuatro objetivos estratégicos y 10 líneas de actuación con sus correspondientes medidas que confluyen en una visión: apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora.

Los seis principios, tal y como se recogen en el borrador, son:

1. COMPETITIVIDAD. La puesta en marcha de actuaciones en materia de Responsabilidad Social se puede identificar también como una apuesta por la excelencia en la gestión de las empresas que redunda en la mejora de su posicionamiento en el mercado, en su productividad, rentabilidad y sostenibilidad. La Responsabilidad Social facilita la innovación al incorporar nuevas formas de gestión que favorecen la creación de nuevos productos y servicios dando respuesta a retos sociales y ambientales.

2. COHESIÓN SOCIAL. La RSE debe aumentar la eficacia de las organizaciones en la promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social. La valoración de la RSE por la sociedad, su mejor forma de promoción, requiere que los ciudadanos identifiquen la misma como un elemento de cohesión social para ayudar a reducir los efectos sociales de la crisis económica, principalmente la pérdida de puestos de trabajo, y con la creación de empleo.

3. CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO. La aplicación de los criterios y valores de la RSE, en colaboración efectiva con los grupos de interés, contribuye a generar y reforzar el impacto positivo. Debe, al mismo tiempo, contribuir a identificar, prevenir y eliminar los impactos negativos y crear más valor no sólo para la propia organización que los aplica, sino también para aquellos con los que lo comparte que son los principales grupos de interés involucrados en su actividad y la sociedad en general.
El objetivo de dicha aplicación debe ser maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios y/o accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio, con el fin de identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.

4. SOSTENIBILIDAD. La RSE se constituye como un instrumento para desarrollar organizaciones conscientes de su papel principal en el logro de un desarrollo humano, económico, y medioambiental sostenido en el tiempo para las sociedades en las que se integran.
Es posible una evolución justa y responsable hacia una economía más competitiva que dé lugar a un desarrollo sostenible y logre progreso social.

5. TRANSPARENCIA. La RSE contribuye a promover organizaciones ejemplares y transparentes, lo que redunda en un aumento de la credibilidad y de la confianza. Las empresas y organizaciones socialmente responsables dialogan con sus interlocutores y adquieren compromisos con sus grupos de interés, lo que facilita que éstos puedan tomar decisiones mejor  informadas. Ello repercute de manera directa en su reputación de cara al resto de la sociedad. Una organización socialmente responsable debe considerar todos sus aspectos (económicos, sociales, laborales, medioambientales, buen gobierno…). Una buena práctica en uno de los aspectos no puede ser considerada como un aval de RSE sin conocer y tener en consideración el resto de los aspectos.

6. VOLUNTARIEDAD. La adopción de políticas de responsabilidad social es voluntaria, requiere un compromiso y supone un valor añadido al cumplimiento de la normativa vigente. El compromiso asumido voluntariamente con las partes interesadas, debe ser la base del cumplimiento de las expectativas que generen las organizaciones.

Los objetivos en torno a los cuales se vertebran las 10 líneas de actuación son:

 • Objetivo 1. Impulsar y promover la RSE, tanto en las empresas, incluidas las PYMES, como en el resto de organizaciones públicas y privadas, en sus actuaciones en los diversos ámbitos geográficos en los que operan.

• Objetivo 2. Identificar y promover la RSE como atributo de competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social.

• Objetivo 3. Difundir los valores de la RSE en el conjunto de la sociedad.

• Objetivo 4. Crear un marco de referencia común para todo el territorio en materia de RSE, que garantice el cumplimiento y respeto de los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado y permita una mayor coordinación y sinergias en esta materia.

Y las 10 líneas de actuación en las que se enmarcan las 60 medidas concretas son:

1. Promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones más sostenibles.  El objetivo de esta línea de actuación es extender la cultura de la Responsabilidad Social al conjunto de la sociedad a través de actuaciones como la promoción de sus principios, de las recomendaciones de consenso internacional en esta materia y la difusión de buenas prácticas en este ámbito. Entre las medidas que incluye, y  para mejorar la transparencia y favorecer que tanto las empresas como el resto de las organizaciones puedan hacer públicos sus informes de responsabilidad social y sostenibilidad, la ministra ha anunciado que “el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pondrá en marcha en los próximos meses una herramienta telemática y un procedimiento de publicación de las memorias e informes de responsabilidad social y sostenibilidad que realicen las empresas sin cargas administrativas adicionales”.
Estas memorias, y sus correspondientes verificaciones cuando las hubiere, serán publicadas en el Portal de la Responsabilidad Social, un nuevo espacio que se ubicará en la Web del propio Ministerio y que dará visibilidad a las memorias de RSE y sostenibilidad de forma sistemática y facilitará la identificación y divulgación de prácticas responsables.
Además, “continuaremos impulsando los reconocimientos y las prácticas empresariales socialmente responsables. Y en este momento no hay mayor responsabilidad social que el empleo”, aseguró la ministra. En este contexto, se refirió al sello de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, un reconocimiento que ya tienen más de 600 entidades públicas y privadas que han puesto en marcha planes de actuación por valor de más de 550 millones de euros, que se suman a los recursos públicos de fomento del empleo entre los jóvenes.

2. Integración de la RSE en la educación, la formación y en la investigación. La educación en el valor del comportamiento responsable, la formación especializada en técnicas de gestión socialmente responsable y la investigación orientada a la aplicación efectiva de sus criterios, son pilares fundamentales para acelerar cambios en la forma de pensar y el actuar sostenible de las actuales y futuras generaciones.
En este sentido, se prevén actuaciones como la próxima firma de un convenio con las entidades representativas de la Economía Social para extender y afianzar los principios de la Responsabilidad Social en los colegios organizados bajo la fórmula de cooperativas de enseñanza.

3. Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de la confianza. El objeto de esta línea de actuación es extender las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transparencia.
En este ámbito la ministra se refirió a cuatro proyectos ya emprendidos; la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, que introduce reformas en materia de gobierno corporativo; el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo; y la futura Ley de Mutuas, por la cual ningún directivo de las mutuas de accidentes y contingencias profesionales podrá cobrar, entre retribuciones básicas y complementarias, más de lo que gana el titular del Ministerio de Empleo.
Entre las medidas que incluye se encuentran también el fomento de la elaboración de informes anuales integrados que incorporen de forma transparente la información de aspectos sociales, ambientales, y de buen gobierno, y la constitución de un grupo de trabajo interministerial para la trasposición de la nueva Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad al ordenamiento jurídico español.
Asimismo, durante su intervención, la ministra ha hecho referencia a otras medidas de este ámbito como el fomento de la fiscalidad responsable en las organizaciones, el impulso de actuaciones dirigidas a combatir el fraude, tanto laboral como fiscal, y la economía sumergida y el desarrollo de programas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en todas las organizaciones.

4. Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo. Las organizaciones socialmente responsables deben prestar atención especial a la creación de empleo de calidad y tener en cuenta a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. Además, deben poner en marcha prácticas que impulsen la diversidad en las plantillas “para que éstas sean un reflejo real de la sociedad en la que se desarrollan”, aseguro la ministra.
En este ámbito, Fátima Báñez se ha referido a aquellas medidas dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades y la diversidad en las plantillas, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y a aquellas actuaciones cuyo objetivo es facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares y de cuidado.
De forma particular, se refirió a la presentación junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de un Plan especial para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial.
Por último, ha señalado que “se seguirá potenciando la contratación indefinida”.

5. Inversión socialmente responsable e I+D+i. La responsabilidad social empresarial puede constituirse como un elemento de atracción de la inversión de largo plazo e incentivadora de un crecimiento responsable y sostenible.
En este apartado la ministra ha señalado que está prevista la elaboración de una guía de buenas prácticas que sirva de instrumento para la inclusión, difusión y seguimiento de criterios éticos, ambientales, sociales, de derechos humanos y de buen gobierno en las políticas de inversión de productos financieros y de ahorro, así como impulsar la inversión socialmente responsable por parte de los pequeños inversores.

6. Relación con los proveedores. El desarrollo de sistemas de relación socialmente responsables por parte de las organizaciones con cada uno de los componentes de la cadena de suministro, y la puesta en marcha de actuaciones que contribuyan a extender las buenas prácticas que éstas llevan a cabo en materia de responsabilidad social entre sus distintos proveedores, deben ocupar un lugar prioritario en los planes estratégicos de las empresas y de las administraciones públicas.
Por ello, y entre las medidas que se incluyen en la sexta línea de actuación se encuentran: continuar impulsando la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a que, tanto las empresas como las administraciones públicas, satisfagan sus compromisos con sus proveedores, especialmente, en los plazos de abono de las facturas; instar a todas las administraciones públicas a que adapten sus criterios de solvencia técnica y económica en los procedimientos de licitación pública, al fomento del emprendimiento; y fomentar la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en las licitaciones y adquisiciones públicas.

7. Consumo responsable. En esta línea de actuación se introducen medidas para sensibilizar, concienciar y hacer partícipe al consumidor en su toma de decisiones, lo que contribuirá, por un lado, a extender las prácticas de responsabilidad empresarial como requisitos de negocio; y, por otro, a la promoción de una sociedad más sostenible, ecológica  y solidaria.
En este ámbito la estrategia incluye medidas como la utilización del etiquetado como instrumento de información al consumidor y herramienta informativa del cumplimiento de criterios de sostenibilidad y la elaboración de un código de buenas prácticas sobre información para evitar la comunicación y/o la publicidad no veraz.

8. Respeto al medio ambiente. El respeto al medio ambiente es un requisito indispensable de toda organización con vocación sostenible, ya que tiene que conciliar el cuidado del entorno con el desarrollo económico y de las personas.
En este contexto, la Estrategia contempla medidas dirigidas a fomentar el respeto por el entorno mediante la puesta en marcha de actuaciones referentes al control y consumo responsable de recursos naturales, la minimización del impacto ambiental, o el impulso de las tecnologías limpias, entre otras.

9. Cooperación al desarrollo: esta línea estratégica trata de promover la coordinación y la participación de los distintos agentes implicados en el objetivo de poner en valor el desempeño responsable de empresas españolas para favorecer la cohesión social y destacar su papel como aliadas en el desarrollo de la cooperación española con actuaciones encaminadas a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, especialmente, a la defensa y protección de los derechos humanos de las comunidades.
También se refirió la ministra al respeto y protección de los Derechos Humanos en toda la cadena de valor. Especialmente en el ámbito internacional, las empresas deben colaborar para tratar de garantizar que se cumplan los Derechos Humanos en su esfera de influencia poniendo especial atención en aquellos entornos en los que no existan garantías suficientes en relación al respeto y protección de los mismos.

10. Coordinación y participación. En esta línea de actuación se articulan los  mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas, tanto a nivel autonómico como local, con objeto de promover los principios y criterios de la Responsabilidad Social, así como fomentar el intercambio de experiencias con otros países.
Contempla medidas como la creación de un grupo de trabajo dentro de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para garantizar la armonización y unidad de mercado en esta materia y la promoción de  la RSE en todo el territorio.
Además, se extenderá y promoverá la RSE a través de iniciativas como la actual Red de Territorios Socialmente Responsables (RED RETOS) y la creación de una Red de Responsables Públicos de Fomento de la Responsabilidad Social que compartan buenas prácticas e impulsen la RSE en todo el territorio desde cualquier ámbito de la Administración.

Por último, la ministra anunció que a través del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas, se pondrá en marcha de forma inminente el Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas, que estará coordinado por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.